Soberanía digital

Los datos sensibles constituyen un bien estratégico para los países. Sin embargo, están expuestos a la explotación y siguen siendo vulnerables a la falsificación y al robo, mientras que muchos de sus movimientos no se supervisan ni se gravan. Los gobiernos y las entidades soberanas deben preservar la confianza del público, lo que implica garantizar la integridad de los datos. Para lograrlo, es fundamental proteger las infraestructuras digitales clave frente a influencias externas y modernizar los sistemas existentes para garantizar su interoperabilidad y desarrollo a largo plazo.

El comercio ilícito y la evasión fiscal prosperan en un entorno digital especialmente opaco. Estas prácticas reducen la transparencia y dificultan el seguimiento de los flujos monetarios digitales. La economía sumergida también distorsiona los mercados y perjudica a las empresas legítimas, al tiempo que reduce la liquidez y limita el acceso a los activos nacionales. Para orientar mejor las políticas públicas y fortalecer la gobernanza, los gobiernos deben poder basarse en datos concretos en tiempo real.

Los gobiernos enfrentan una presión creciente para gestionar con rigor y transparencia los ingresos públicos, mientras deben financiar los presupuestos nacionales sin aumentar los impuestos. Los servicios digitales deben combinar facilidad de uso y protección de la privacidad, pero algunas barreras, especialmente las de acceso, limitan la inclusividad. Para gestionar los servicios públicos de manera responsable, los gobiernos también necesitan disponer de datos en tiempo real que les permitan medir el impacto de las políticas sociales.