Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería: Enfoque en la soberanía digital

Como parte de la serie de artículos que SICPA publica a lo largo del año con motivo del Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, en este artículo se sigue analizando cómo el comercio ilícito daña la confianza, los ingresos públicos y la seguridad ciudadana. Los artículos anteriores se centraron en la falsificación física y los riesgos en la cadena de suministro. Hoy, la amenaza evoluciona con rapidez. 

Esas mismas prácticas ilícitas se están extendiendo al mundo digital. La identidad, los documentos, las plataformas y los datos se pueden falsificar o manipular a gran escala, y, en muchos casos, en cuestión de segundos. El comercio ilícito ya no se limita a los mercados físicos, sino que cada vez explota más los entornos digitales, donde la confianza es más vulnerable y la verificación más compleja. 

Por lo tanto, este artículo se centra en la soberanía digital: la capacidad de las naciones para proteger la identidad, la información y el valor en un mundo en el que la autenticidad ya no se puede dar por sentada. 

En un mundo transformado por la digitalización, el concepto de soberanía nacional ya no puede basarse únicamente en fronteras físicas ni en modelos tradicionales de gobernanza. Hoy en día, las naciones evolucionan en una realidad híbrida en la que los ámbitos físico y digital están interconectados, lo que está redefiniendo la forma en que los países protegen sus intereses, gestionan sus economías y prestan servicio a sus ciudadanos. 

Con el 68 % de la población mundial conectada a internet y más de mil millones de nuevos usuarios en tan solo cinco años, los sistemas de identidad digital, los pagos electrónicos y los entornos seguros de datos se han convertido en la norma global. Esto abre nuevas oportunidades, pero también expone vulnerabilidades críticas. El aumento de la inestabilidad geopolítica y los crecientes riesgos cibernéticos resaltan la fragilidad de las infraestructuras obsoletas, los flujos de datos no supervisados, las economías digitales ilícitas y las amenazas emergentes, como la fuga de ingresos y el fraude en las prestaciones sociales. A medida que la seguridad de la información se convierte en un pilar de la resiliencia nacional y el dinero digital circula fuera de los canales regulados, la ciudadanía exige mayor transparencia y servicios digitales inclusivos. 

Por lo tanto, el concepto tradicional de soberanía ya no es suficiente. La era digital requiere un nuevo modelo, uno que pueda proteger la integridad de los datos, reducir las fugas económicas, fortalecer la gobernanza responsable y ofrecer servicios públicos responsables, seguros e inclusivos para el futuro.

Inteligencia artificial generativa y la nueva era del fraude documental

La inteligencia artificial generativa ha transformado radicalmente el panorama de amenazas en materia de fraude documental. Hoy en día, pueden crearse documentos falsificados y muy realistas en cuestión de minutos utilizando herramientas de IA de fácil acceso, sin necesidad de conocimientos especializados ni software profesional. Estos documentos generados por IA eluden cada vez más las inspecciones visuales tradicionales y los sistemas de verificación automatizados, lo que hace que sean difíciles de distinguir de los documentos originales. 

Como resultado, los métodos de verificación convencionales ya no son suficientes. El reto ha pasado de detectar el fraude a posteriori a garantizar la autenticidad en el origen. En este entorno, la soberanía digital se ha convertido en algo fundamental: las organizaciones deben mantener el control sobre cómo se emiten, protegen y verifican los documentos para mantener la confianza en un mundo impulsado por la IA. 

La magnitud de la amenaza ya es considerable. Solo en el primer trimestre de 2025, las pérdidas por fraudes relacionados con «deepfakes» alcanzaron los 200 millones de dólares a nivel mundial¹. Entre mayo de 2024 y abril de 2025, se crearon aproximadamente 38 000 sitios web falsos por día en todo el mundo, mientras que se prevé que las pérdidas por fraude de identidad mediante IA alcancen los 40 000 millones de dólares para 2027. Estas cifras muestran lo rápido que se está extendiendo el fraude con IA en todos los sectores y países. 

La soberanía depende de información verificable 

En esencia, la soberanía digital es la capacidad de confiar en la información. Durante más de un siglo, SICPA ha protegido activos soberanos físicos garantizando autenticidad, origen, integridad y trazabilidad. Ahora, es importante aplicar estos mismos principios a los activos digitales. 

Una verdadera soberanía digital requiere la capacidad de: 

• Conocer el origen de la información, 
• Verificar si ha sido alterada, 
• Saber cómo y dónde circula, 
• Demostrar su legitimidad en cualquier momento.  
   

A través de sus actividades de investigación e innovación digital, SICPA ya aplica estos principios a casos de uso reales. Esto incluye soluciones basadas en CERTUS para proteger documentos oficiales como diplomas y certificados de antecedentes crediticios, especialmente en un proyecto con el Cantón del Jura. Además, incluye un conjunto de técnicas avanzadas propias de marcado digital de datos y tecnologías de integridad de IA para proteger la información confidencial, certificar modelos de aprendizaje automático y detectar el uso no autorizado de datos. Tanto en formato digital como físico, garantizamos autenticidad y trazabilidad, ofreciendo una protección excepcional frente a filtraciones documentales mediante el etiquetado y seguimiento de archivos sensibles con identificadores únicos y seguros. 

En paralelo, SICPA impulsa iniciativas de credenciales verificables, en las que los atributos emitidos están protegidos criptográficamente y pueden verificarse de manera independiente, con proyectos en colaboración con organizaciones como IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

¿Cómo pueden los gobiernos gobernar con eficacia en la economía digital?

Cuando la identidad y la información son confiables, los gobiernos pueden recuperar el control sobre entornos digitales cada vez más complejos. Sin embargo, antes de centrarse en sectores específicos, es fundamental reconocer el auge de un fenómeno mucho más amplio: el mercado paralelo en línea. Este entorno poco transparente y en rápida expansión incluye productos falsificados, comercio electrónico ilegal, estafas en línea y redes de phishing, así como una amplia gama de servicios digitales ilegales. Estos entornos, que funcionan al margen de la supervisión oficial, desvían el tráfico, explotan a los usuarios y socavan la integridad de los mercados digitales legales, a menudo en tiempo real y a una velocidad que desafía los modelos tradicionales de aplicación de la ley. 

El juego en línea ilegal es un ejemplo claro dentro de esta economía paralela. Solo en Estados Unidos, estas plataformas generan ingresos anuales estimados en 53 900 millones de dólares, compitiendo directamente con operadores autorizados y debilitando los mercados regulados. Se observan patrones similares en el streaming, el comercio electrónico y otros sectores digitales, donde plataformas ilegales desvían ingresos, usuarios y confianza de los entornos legítimos. 

Estas actividades tienen consecuencias fiscales significativas. El comercio ilícito y la evasión fiscal prosperan en entornos digitales donde los flujos financieros están fragmentados, son poco transparentes y difíciles de rastrear. Sin datos confiables ni disponibles en tiempo real, los gobiernos se ven obligados a reaccionar en lugar de anticiparse, lo que debilita la aplicación de la normativa, la recaudación y la formulación de políticas públicas. 

Desafíos principales: actividades ilícitas y supervisión fiscal debilitada  

Los gobiernos se enfrentan a obstáculos estructurales que dificultan una gobernanza digital eficaz: 

• La economía paralela distorsiona los mercados y perjudica a las empresas legítimas, 
• Los flujos de dinero digital carecen de control y trazabilidad suficientes, 
• La visibilidad limitada dificulta la gestión de liquidez y el acceso a activos nacionales, 
• La ausencia de información en tiempo real debilita la toma de decisiones y la supervisión. 

Recuperar el control, la visibilidad y la confianza 

Para gobernar con eficacia, los gobiernos necesitan información en tiempo real y una supervisión eficaz en todos los entornos digitales. 

SICPA Detect® permite identificar plataformas digitales ilegales —incluidas aquellas dedicadas al juego, el streaming o la venta de productos falsificados— y actuar con decisión. Los gobiernos pueden recuperar tráfico e ingresos redirigiendo a los usuarios hacia canales oficiales y regulados, o interrumpir directamente la actividad ilícita en su origen. 

Al mismo tiempo, las soluciones de moneda digital de banco central (CBDC) de SICPA apoyan los entornos de dinero digital seguros y soberanos. Con una plataforma modular y escalable, permiten realizar pagos instantáneos y cumplen con altos requisitos de rendimiento y seguridad. El centro de control de CBDC facilita el monitoreo en tiempo real de los activos en circulación, lo que permite medir impactos, ajustar la política monetaria y preservar la estabilidad financiera. 

En conjunto, estas capacidades ayudan a recuperar el control sobre los flujos digitales, fortalecer la formulación de políticas con datos oportunos y fomentar la confianza de ciudadanos e instituciones, respetando plenamente los requisitos soberanos.  

¿Cómo pueden los gobiernos ofrecer servicios públicos confiables y sostenibles?

Con una identidad fiable y una gobernanza eficaz, los gobiernos pueden prestar servicios públicos de forma segura y a gran escala. Durante la pandemia, se perdieron cientos de miles de millones de dólares en todo el mundo debido a deficiencias en la distribución de ayudas de emergencia, lo que evidenció debilidades estructurales en los sistemas de bienestar. Más allá de los momentos de crisis, las auditorías de las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales muestran que una parte del gasto en protección social se pierde por fraude y abusos graves, y que los programas totalmente digitales que no tienen controles sólidos de identidad y elegibilidad están más expuestos a esto. Esta problemática se amplifica por su magnitud: las prestaciones sociales representan billones de dólares en gasto público cada año. 

Una vez desembolsados los fondos, su recuperación es muy limitada. Por ejemplo, en el año fiscal 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos recuperó aproximadamente 2700 millones de dólares a través de casos relacionados con la Ley de Reclamaciones Falsas³, en comparación con las estimaciones de la Oficina General de Contabilidad de EE. UU. (GAO) de entre 233 000 y 521 000 millones de dólares en pérdidas anuales por fraude⁴, lo que significa que las recuperaciones representaron alrededor del 1 % o menos de las pérdidas estimadas. Por lo tanto, incluso pequeños índices de error o fraude se traducen en impactos fiscales significativos. Por ello, los gobiernos de todo el mundo están adoptando enfoques preventivos que priorizan la identidad verificable, la verificación de elegibilidad y la integridad de los datos desde el origen.  

Desafíos principales: responsabilidad fiscal, confianza e inclusión 

Los gobiernos se enfrentan a expectativas crecientes y, en ocasiones, contrapuestas: 

• Financiar los presupuestos nacionales sin aumentar la carga fiscal, 
• Ofrecer servicios digitales que equilibren facilidad de uso y protección sólida de la privacidad, 
• Medir el impacto real de las políticas sociales con información  casi en tiempo real, 
• Reducir barreras de acceso para garantizar inclusión y amplio alcance. 
   

SICPA Guardian® ayuda a los gobiernos y a los líderes públicos a crear sistemas de bienestar más eficientes, transparentes y sostenibles. Mediante la supervisión en tiempo real y controles de datos verificables, los gobiernos pueden proteger los fondos de los contribuyentes, reforzar la confianza de los ciudadanos y mejorar la rentabilidad, a la vez que garantizan que los servicios públicos sigan siendo inclusivos, responsables y eficaces.  

SICPA contribuye a que las naciones desarrollen infraestructuras digitales resilientes, ágiles y responsables que fortalecen tanto a los gobiernos como a la ciudadanía. En un entorno marcado por la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los flujos transfronterizos de datos, la soberanía debe incorporarse desde la concepción misma de los sistemas. 

A través de la Plataforma de soberanía digital de SICPA, los gobiernos pueden detectar fraudes, proteger la recaudación fiscal, habilitar sistemas monetarios soberanos y generar nuevas fuentes de ingresos dentro del marco regulatorio. Al mismo tiempo, la plataforma mejora la experiencia de los ciudadanos gracias a la transparencia, la confianza y la toma de decisiones basada en datos, todo ello sobre una base segura e interoperable que protege la información, la identidad y los sistemas críticos. 

Cada país posee un entorno digital propio, definido por su marco jurídico, sus prioridades y su estrategia. Cuando la información es verificable, se conoce su origen, se preserva su integridad y se puede demostrar su legitimidad, las autoridades pueden actuar con eficacia, proteger los mercados legales y afirmar la soberanía digital con confianza. 

En SICPA, esta visión se resume en un principio claro: 
Una nación, una identidad única.